De un tiempo hasta ahora la brutalidad policial ha estropeado los esfuerzos para lograr una “institución de profesionales del orden”. El más reciente caso fue un repartidor de periódicos quien fue victima de una brutal golpiza por agentes de la policía nacional.
Sabemos que al igual que todo ser humano los agentes policiales son fiables, y en muchas ocasiones encaran circunstancias peligrosas que ameritan decisiones rápidas. Pero no es justificable que un policía, quien supuestamente esta entrenado para enfrentarse a determinada situaciones machaque con lo primero que tenga en la mano a un “detenido”. Al parecer el terror y tratamiento abusivo son las únicas lecciones que aprenden los agentes para la subyugación y control.
La brutalidad policial es una fragante violación de los derechos humanos. Desafortunadamente el ciudadano dominicano cuenta con muy pocas opciones de que se castigue o enjuicie a los agentes que incurran en brutalidad policial. Es posible que las denuncias de este tipo de abusos resulten en una investigación, pero es poco probable que los agentes denunciados sean sancionados adecuadamente.
Es un deber de la jefatura policial establecer la responsabilidad de los agentes que comenten actos abusivos, mientras que los fiscales y el ministerio público son los llamados a procesar los actos abusivos cometidos por estos agentes. Sin embargo la percepción es que estas no actúan con decisión de contener o penalizar dichos actos.
Con el tiempo el abuso policial ha dejado sus repercusiones: falta de credibilidad, delincuencia y corrupción policial, estas sumadas a la falta de responsabilidad y transparencia en las investigaciones y la falta sanciones contra los agentes que cometen abusos, han creado la creciente desconfianza del ciudadano hacia las autoridades policiales.
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